El anteproyecto de ley sobre la reducción de jornada incluye también cambios en el registro horario y el acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El anteproyecto de ley para la reducción de la jornada máxima de trabajo, que avanza a paso acelerado para convertirse en una realidad antes de que acabe el año, también incluye el registro de jornada y el derecho a la desconexión. Este segundo asunto, que ha pasado más desapercibido en el debate público, ha generado preocupación entre los empresarios. En sus alegaciones, CEOE advierte de los «problemas de ciberseguridad» que puede acarrear el nuevo control, que permitiría a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceder en remoto.
«Como ya evidenció el ciberataque al Ministerio de Trabajo que afectó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podría derivar en graves riesgos y perjuicios para las empresas -secretos industriales, patentes, etc.- y las personas trabajadoras, poniendo en riesgo la seguridad de los datos personales y el derecho a la privacidad e intimidad, de forma que ese acceso remoto solo sería viable si la garantía de seguridad fuera absoluta, lo que resulta de todo punto imposible«, alerta la patronal en el documento.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado públicamente a la preocupación que están manifestando los empresarios con este asunto. Al ser preguntada por la reducción de la jornada laboral en una entrevista el pasado lunes en RTVE, Díaz comentó que el control horario en remoto y digital «es lo que más preocupa a la patronal«, que alega «razones de ciberseguridad» para rechazarlo y que, según el Ministerio, resulta clave para los pleitos que puedan tener lugar.
Por su parte, CEOE defiende que «la interoperabilidad y el acceso remoto sugieren la existencia de otro tipo de intereses, ya que se pretende imponer la obligación de disponer de una herramienta que facilite dichos accesos». Y añade que «a menos que el Ministerio de Trabajo proporcione a todas las empresas registradas en la Seguridad Social, con medios propios y de forma gratuita, dicha herramienta, esta imposición resulta inaceptable«.
En este sentido, los empresarios están abiertos a que, salvaguardado el principio de minimización de datos, la representación legal de los trabajadores pueda acceder a los resúmenes del registro de jornada desde el lugar indicado por la empresa para preservar la seguridad de la información. Se oponen, sin embargo, a que los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puedan acceder a los datos del registro «de forma inmediata«, «en remoto» y «en cualquier momento», como establece el anteproyecto.
El anteproyecto para reducir la jornada
Esta semana está previsto que el Gobierno reciba los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES), con la previsión del Ministerio de Trabajo de aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros por la vía de urgencia a finales de mes. En este sentido, tal y como informó Vozpópuli, Díaz descarta modificaciones en el texto antes de su llegada al Congreso y, por tanto, no tendrá en cuenta los dictámenes de los órganos consultivos en caso de que sean críticos en algún asunto del texto.
Las prisas de la vicepresidenta segunda con esta norma contrastan con la importancia «histórica» que le confiere, y en este sentido destaca que se trata del primer cambio en 42 años, cuando en 1983 se redujo por última vez la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a las actuales cuarenta horas. El 4 de abril de 1919 se publicó el real decreto que fijaba en ocho horas al día o cuarenta y ocho horas semanales, la jornada máxima legal tras la intensa huelga llevada a cabo en la compañía La Canadiense durante los meses anteriores, según ha destacado Díaz.
Carlos Cuerpo, que abogaba por ralentizar la tramitación para atraer a los empresarios y Junts, ha planteado que no había necesidad de acelerar el proceso. El Consejo de Estado viene advirtiendo al Gobierno de su mala técnica legislativa y de que abusa del trámite de urgencia en asuntos complejos en los que a juicio del máximo órgano consultivo no debería pedir esta vía. En cuanto al asunto propio de la jornada, el presidente del CES, Antón Costas, defendió el pasado año que la medida «debe ser acordada en el diálogo social», como exigen los empresarios.